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Gobierno e innovación



Son pocos los gobiernos que trabajan una agenda para adaptarse a un futuro que nos alcanza de manera más próxima cada vez. Del Gobierno federal mejor ni hablamos. Dedica un párrafo, si leyó usted bien, un escueto párrafo de su Plan Nacional de Desarrollo a ciencia y tecnología, reflejando así la poca relevancia del tema en la agenda nacional.


Es entendible entonces que el índice de innovación global que integra la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual nos ubica en el deshonroso lugar 56 de 129 países. Las causas son muchas y diversas, pero las más relevantes tienen que ver con la ausencia de políticas públicas para incentivar inversión privada en investigación; pero también por las pocas acciones orientadas a mejorar la prestación de servicios públicos y la forma en que las instituciones se relacionan con los ciudadanos.


Por citar un ejemplo, el uso de tecnología de cadena de bloques (blockchain) permitiría no solo hacer más eficientes los procesos administrativos como licencias y permisos, sino además garantizaría que su trámite y otorgamiento se hizo con transparencia, eficiencia, rapidez y por si fuera poco, contar con bases de datos confiables y ahorrando muchísimo dinero en la operación.


Pero ¿Cómo integrar una agenda de innovación gubernamental efectiva? Atendiendo tres principales barreras: Cultura, normatividad y presupuesto.


El gobierno podría trabajar más fuertemente y de manera coordinada con las instituciones públicas y privadas desde nivel básico hasta superior y las propias empresas, no solo para adecuar los planes de estudio en el primer caso, sino para incluir metodologías de casos concretos y talleres experimentales donde sea clara para los estudiantes y ciudadanos, la relevancia de la innovación y la tecnología para la mejora de la calidad de vida cotidiana y para los negocios.


Por lo que respecta a la normatividad, los cabildos, congresos locales, así como las cámaras de diputados y senadores, tienen una oportunidad de oro para adecuar el marco normativo haciendo vinculante la aplicación de la tecnología en los procesos administrativos; imaginemos por un momento todas las bondades y los ahorros al poder hacer un trámite de principio a fin de manera electrónica o lo que incrementaría la competitividad si pudieran dirimirse controversias judiciales totalmente línea.


Finalmente, la barrera de la falta de presupuesto debe resolverse entendiendo que los recursos asignados a incentivar, promover y aplicar innovación y tecnología no son un gasto si no una inversión con rendimientos en el muy corto plazo a través de la mejora de la recaudación y el incremento a la competitividad a través del fortalecimiento del estado de derecho y las instituciones del Estado.


Jalisco ha dado por muestra de su voluntad por poner en el centro del debate público a la innovación. Fue el primero en elevar al grado de Secretaría la agenda en la materia (por cierto muy bien dirigida antes y ahora por perfiles capaces) y ahora instrumentando un agresivo plan de conectividad a través de fibra óptica para todos los municipios del Estado.


No obstante, es impostergable entrarle al debate serio de aplicar la innovación a la prestación de servicio públicos. Municipales y estatales, pero también judiciales.



Apasionado de la competitividad, el emprendimiento y la innovación.


Socio director de Redwood Ventures.



@iotero

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